Denuncian humillaciones y abusos a internados en instituciones mentales.La Defensora Civil Natalia Buira presentó un Amparo colectivo y denunció graves violaciones a los derechos humanos de las personas con deficiencias mentales.
Entre las graves violaciones, Buira afirmó que existen abusos sexuales a los internos de las instituciones mentales provinciales. También, indicó que no se respetan sus derechos a la libertad y a la circulación, ya que los enfermos permanecen recluidos en celdas de aislamiento.
Finalmente, la Defensora Civil denunció la falta de controles médicos, y la burla que reciben los enfermos por parte de los trabajadores de estas instituciones, que les ponen apodos ridiculizantes a los internados.Consultada al respecto, Claudia Román Ru, secretaria de Salud mental y adicciones, aseguró que desconoce la existencia de hechos como los que denuncia Buira, aunque sí admitió la falta de presupuesto destinada al sector.
Frente a esta carencia de políticas públicas que garanticen la integridad de estas personas, es imposible no comparar la realidad de Salta en materia de salud mental con la situación de provincias argentinas como San Luis. Allí, Jorge Pellegrini el actual vicegobernador de la provincia puntana, quien es médico psiquiatra, ideó y llevó a cabo la revolución más importante en materia de Salud Mental en nuestro país.
Se trata de la "Teoría de la libertad", en la que Pellegrini plantea una “transformación institucional", explicando que “no es cierto que los manicomios insuman menos dinero que la transformación institucional porque, por ejemplo, la hotelería de las personas depositadas en el Borda y en el Moyano, le significan al país, 1.000 dólares por cada una y por mes”. Al respecto, pellegrini plantea: “Yo creo que esta bien legislar para proteger derechos pero la legislación en salud mental tiene que tener en cuenta la realidad nacional, si realmente queremos hacer una ley que sea operativa.
Otro punto es que hay que conocer cual es la realidad sanitaria argentina para poder legislar y en general los proyectos de ley y las leyes provinciales se caracterizan por un absoluto desconocimiento de la realidad sanitaria argentina y entonces de a poco andar esas leyes se transforman en bellísima letra muerta".El período de internación promedio de un enfermo mental en el país es de siete años, de acuerdo a la estadística nacional del año 2000. Pelleginio analiza esa estadística: “Cuando un loco se va del manicomio, hace siete años que estaba internado allí, ¿qué fundamentación médica tiene esto? ¿qué fundamentación científica tiene esto? ¿para que sirvió? ¿qué tratamiento le hicieron en esos siete años? ¿cuántos directores del hospital pasaron por allí? ¿cuántos psiquiatras, psicólogos y enfermeros lo trataron? ¿qué cantidad de psicofármacos ingirió durante esos siete años? ¿Qué recursos sociales durante esos siete años perdió?Al respecto, Di Nano, cordinador de Salud Mental del ministerio de la Nación, coincide con la de otros colegas destacados del área: “San Luis es un ejemplo que vemos con alegría y queremos reproducir”.
Sería bueno que nuestra provincia también se proponga reproducir el ejemplo de San Luis, impulsando un debate profundo en tan complejo asunto. Por lo pronto, el estado debe tomar medidas urgentes para brindar protección a las personas que se encuentran en las instituciones mentales provinciales, y que son víctimas de abusos y humillaciones.
FUENTE: EL INTRANSIGENTE.COM
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